El coronavirus no solo está afectando a la salud de las personas sino a la economía y a la actividad empresarial. El avance de la enfermedad en las últimas horas ha hecho que el Ejecutivo se plantee medidas para atajar las consecuencias de la propagación del virus a todos los niveles.
¿Qué ocurre con las bajas laborales por coronavirus?
Una de las cuestiones que más preocupan es la situación en la que quedan los trabajadores afectados por coronavirus, ya sea porque estén infectados o porque deban permanecer en aislamiento preventivo.
Hasta el momento, la cuarentena y la baja por enfermedad tenían la consideración de incapacidad temporal. Esto suponía que los trabajadores afectados debían cobrar el 60% de la base reguladora entre el cuarto y el vigésimo día de baja. A partir del vigésimo primero, la prestación asciende al 75%.
En la rueda de prensa del martes día 10, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha comunicado la aprobación de un Real Decreto-Ley por el que cambia la situación para los trabajadores contagiados o aislados. A partir de ahora, las cuarentenas y las bajas por coronavirus tendrán la misma consideración que los accidentes laborales.
Mejora para los trabajadores y para las empresas
Este cambio de criterio implica una mejora en la prestación para los afectados, que pasarán a percibir el 75% de la base reguladora desde el primer día de baja. La modificación obedece a las medidas solicitadas por los sindicatos mayoritarios, UGT y CC.OO.
Hasta la fecha, al tratarse como baja por enfermedad común o accidente no laboral, las empresas debían abonar la prestación entre el cuarto y decimoquinto día.
La consideración de contingencia profesional para las bajas por COVID-19 significa que la prestación no tendrá ningún coste para las empresas, ya que es el Estado, a través de la Seguridad Social o de las mutuas, el que asume este gasto.
Por otra parte, se está fomentando el teletrabajo, en los casos en que sea posible, para posibilitar que los empleados en aislamiento puedan trabajar desde sus domicilios.
Asimismo, el Gobierno ha aprobado una moratoria de tres meses consecutivos en el pago de las cotizaciones de empresas y autónomos en las zonas y sectores afectados por la epidemia, que serán determinados por una orden ministerial. Las cuotas se podrán aplazar por un periodo máximo de un año sin penalizaciones ni recargos de intereses.
Con esta medida se intentan limitar los efectos negativos del coronavirus sobre las empresas del sector privado, que temen que en los próximos días se dispare el número de bajas por cuarentena.
El objetivo es facilitar el cumplimiento de las indicaciones de las autoridades sanitarias y hacer frente a la “situación económica excepcional y transitoria causada por COVID-19”.
Está previsto que el próximo jueves 12 de marzo el Gobierno dé a conocer un nuevo paquete de medidas como parte del plan de choque contra la epidemia.
